Aguilella (PP) califica de "punta del iceberg" la confirmación de Antifraude del pago de facturas irregulares de Ximo Puig a su hermano

· El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, considera que la resolución de la AVAF “constata una trama” y asegura que el PP “va a trabajar para que se conozca la verdad, ante el silencio cómplice de Puig y del PSPV”

· "Las denuncias que durante años se han hecho desde distintos estamentos públicos advirtiendo de irregularidades son las que ahora la AVAF acredita. Acaba de empezar", señala Aguilella

5 de octubre de 2025.- La confirmación de la Agencia de lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana sobre la contratación irregular del Ayuntamiento de Morella al hermano de Ximo Puig es "la punta del iceberg". Así lo ha considerado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, después de que el organismo público acreditara el procedimiento irregular que en opinión de Aguilella parece haber sido "modus operandi" de Ximo Puig desde 1996. Desde que fue alcalde, el posterior presidente de la Generalitat Valenciana, y hoy embajador de España ante la OCDE, se estuvo pagando, tal y como desvela la AVAF, sin licitación, sin publicidad, sin ningún tipo de soporte legal. "Hoy un organismo público ha reconocido las irregularidades y en el PP vamos a trabajar para que se conozca la verdad, ante el silencio cómplice de Puig y del PSPV". Porque "las denuncias que durante años se han hecho desde distintos estamentos públicos advirtiendo de la forma ilegal de contratar son las que ahora se acreditan" y en opinión de Aguilella, "acaba de empezar". En el PP, "como siempre, vamos a ser aliados de la justicia y a tender la mano a la ley para que desnude una trama que no se ciñe al Ayuntamiento de Morella, trasciende a otras instituciones supramunicipales". "No nos sorprende a nadie. Porque la empresa del hermano de Ximo Puig ya ha sido condenada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por

formar parte de un cartel de negocios dirigidos a amañar concursos públicos y falseamiento de la competencia". En este caso, recuerda el número dos del PPCS, son cuatro años y diez meses de prisión los que la Fiscalía ha propuesto por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas.