Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego deja 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos
Pedro Sánchez no sé sabe donde está
Las llamas arrasan buena parte del territorio en Zamora, Orense y Extremadura, con desalojos masivos y confinamientos forzosos. A la tragedia se suman nuevos frentes en Salamanca, Valencia y Málaga, dejando claro que este mes de agosto está siendo uno de los más negros en la historia reciente de los incendios en España.
Mientras los vecinos ven cómo las llamas devoran sus casas, sus tierras y su forma de vida, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios se limitan a las fotos, a los discursos vacíos y a señalar culpables políticos en lugar de actuar con eficacia. El drama no entiende de ideologías, pero la izquierda, como siempre, aprovecha la catástrofe para hacer campaña y tapar sus vergüenzas.
En el terreno, miles de efectivos de emergencias se dejan la piel, muchas veces sin medios suficientes ni la coordinación necesaria. La Guardia Civil ya ha detenido a 30 sospechosos, lo que confirma que detrás de muchos de estos fuegos hay manos criminales. Sin embargo, las medidas de prevención y las sanciones siguen siendo insuficientes, un reflejo de la falta de voluntad política para proteger de verdad a nuestros montes y a nuestras gentes.
En Zamora, familias enteras han tenido que abandonar sus casas a toda prisa. En Orense, las llamas han arrasado aldeas y zonas de alto valor ecológico. En Extremadura, el humo ha obligado a confinar poblaciones enteras. Y mientras tanto, en Salamanca, Valencia y Málaga, nuevos focos ponen a prueba la resistencia de los servicios de emergencia.
El contraste es indignante: para subir impuestos, imponer censuras ideológicas o repartir subvenciones millonarias a sus chiringuitos, el Gobierno actúa con una rapidez quirúrgica. Pero para limpiar montes, asegurar cortafuegos o dotar a los bomberos forestales de equipos dignos, siempre hay excusas, retrasos y culpables externos.
Estos incendios son una tragedia nacional. No se trata solo de hectáreas quemadas, sino de vidas rotas, economías arruinadas y un patrimonio natural que tardará décadas en recuperarse. La pasividad institucional y el uso político de la desgracia son, en sí mismos, otra forma de incendio: uno que calcina la confianza de los ciudadanos en quienes deberían protegerles.
La pregunta que muchos españoles nos hacemos es clara: ¿qué pasará cuando nos toque a nosotros? ¿Habrá un gobierno preparado para actuar con firmeza y eficacia, o una banda de oportunistas buscando rédito político en nuestra desgracia? Por lo visto este agosto, la respuesta no tranquiliza a nadie.