Benlloch agota los plazos: 50 días para entregar la documentación de la macromezquita
Crece el riesgo de un conflicto judicial que nadie necesita
Al alcalde de Vila-real, José Benlloch, aún le quedan 50 días de plazo para entregar la documentación relacionada con el proyecto de la macromezquita. Sin embargo, a día de hoy, la documentación sigue sin hacerse pública ni entregarse, lo que está generando una creciente tensión y abre la puerta a un posible conflicto judicial con Pronostrum.
Una situación que muchos vecinos observan con preocupación y que, de no resolverse, podría acabar en los tribunales.
Un silencio administrativo que inquieta
El problema no es solo el proyecto en sí, sino la falta de transparencia. El Ayuntamiento dispone de un plazo claro para facilitar la documentación, pero el tiempo avanza y no hay movimientos visibles por parte del consistorio.
Este silencio administrativo alimenta una pregunta incómoda:
¿Por qué no se entrega la documentación si todo está en regla?
Pronostrum y la vía judicial, cada vez más cerca
Desde el entorno de Pronostrum se da por hecho que, si el Ayuntamiento no cumple con los plazos legales, se estudiarán todas las opciones legales disponibles. Nadie busca un conflicto, pero la ley marca unos tiempos y unas obligaciones que no pueden ignorarse indefinidamente.
Entrar en una batalla judicial no solo tendría consecuencias políticas, sino también económicas, algo especialmente delicado para un Ayuntamiento que ya arrastra una situación financiera comprometida.
Más tensión para una ciudad con demasiados problemas
Vila-real no necesita más frentes abiertos. Deuda, servicios recortados, conflictos urbanísticos y ahora la sombra de un litigio por la macromezquita. Todo ello transmite una imagen de improvisación y desgaste institucional.
Cuando una administración parece cómoda en el conflicto en lugar de en la claridad, la desconfianza ciudadana crece.
Transparencia o tribunales
El escenario es sencillo:
- Entregar la documentación y aclarar la situación
- O prolongar el silencio y empujar el asunto hacia los juzgados
La decisión está en manos del alcalde y su equipo.
Los plazos corren.
Quedan 50 días.
Y Vila-real se enfrenta a una disyuntiva clara:
transparencia y responsabilidad, o un nuevo conflicto judicial que nadie necesita.