Caso David Sánchez: las asociaciones judiciales salen en defensa de la juez Beatriz Biedma ante las "presiones externas"
Los jueces se están revelando contra el gobierno
Las principales asociaciones de jueces de España han alzado la voz este viernes para respaldar a la magistrada Beatriz Biedma, encargada de la causa que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
Denuncian una campaña de presión mediática y política sin precedentes que consideran “una amenaza directa al Estado de Derecho” y que tiene como objetivo condicionar las decisiones judiciales.
Las asociaciones, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia, han suscrito un comunicado conjunto donde advierten de que “cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas”.
Señalan además que esta campaña “se produce en un momento especialmente delicado para la independencia judicial”, y apuntan sin rodeos al entorno del Gobierno como responsable de promover el ruido político y mediático que rodea la instrucción.
El Ejecutivo, lejos de respetar la autonomía del poder judicial, ha contribuido a sembrar dudas sobre la imparcialidad de la juez, filtrando mensajes interesados y promoviendo un relato que busca enturbiar el trabajo de la magistratura.
La propia Biedma ha denunciado en sede judicial las filtraciones y el hostigamiento al que está siendo sometida, confirmando que se están vulnerando los principios básicos de respeto institucional.
En este contexto, las asociaciones han instado al Gobierno a “detener de inmediato toda injerencia y respetar los tiempos y decisiones de los tribunales”.
“No es aceptable que desde las más altas esferas del poder se intente deslegitimar la acción de la justicia cuando afecta a personas vinculadas al entorno del presidente”, concluye el comunicado.
La defensa cerrada a la juez Biedma por parte del conjunto de la judicatura representa un mensaje claro: la independencia judicial no se negocia. Y menos aún cuando quien la pone en duda es un Gobierno que, con su silencio cómplice o sus ataques velados, se convierte en parte activa de una estrategia de presión institucional.