CONTRA EL BARRO DEL PODER, LA DIGNIDAD DE LA UCO
La carta del general Garrido que denuncia la persecución institucional
La Unidad Central Operativa (UCO) sufre una campaña de desprestigio que busca paralizar investigaciones clave. El general D. Pedro Garrido Roca, en una contundente carta abierta, defiende a sus compañeros y alerta sobre una grave crisis institucional que pone en peligro el Estado de Derecho.
Una campaña institucional que trata de ensuciar a quienes aún creen en la justicia. La carta del General Garrido rompe el silencio y señala con claridad a los responsables.
Como bien y muy certeramente nos informa, Diego Miranda - Director de Operaciones del Grupo GEES Spain:
Desde la modificación en el año 2015 han pasado diez años y la mayor amenaza que tenemos en España ya no es el terrorismo sino la amenaza COCIDIT: crimen organizado, corrupción institucional y delincuencia transnacional o internacional.
La amenaza COCIDIT tiene unas capacidades, medios, movilidad, recursos materiales, humanos y apoyo institucional (tiene comprados policías, jueces, fiscales, políticos e incluso celebridades) en todo el mundo.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está pagando un precio muy alto por cumplir con su deber. Sus agentes —profesionales, íntegros, discretos, tenaces— soportan estos días una campaña de desprestigio que no nace del error, sino de la estrategia: una ofensiva lanzada desde los pasillos más oscuros del poder. Porque cuando no se puede controlar la justicia, se intenta intoxicarla. Y cuando no se puede frenar una investigación, se ataca directamente a quienes la lideran.
La UCO molesta. Molesta porque investiga sin preguntar a qué partido pertenecen los corruptos. Molesta, porque no hace distinciones, no debe favores, y ejerce su labor con una profesionalidad que incomoda a quienes viven de la impunidad. Por eso ahora se les señala, se les hostiga, se les quiere manchar. El objetivo es claro: desacreditar a sus mandos, debilitar su autoridad moral y sembrar la duda sobre su trabajo, todo en un intento burdo y peligroso de paralizar procesos judiciales que alcanzan demasiado cerca a las cloacas del poder.
Por eso la carta del General de Brigada Pedro Garrido Roca, importa. No es solo una carta: es un gesto de dignidad que rompe un silencio ensordecedor. Es la voz de quien sirvió con honor, defendiendo a sus compañeros frente a una maquinaria institucional que parece dispuesta a triturar a cualquiera que no se pliegue. Su mensaje es claro: basta ya de mirar hacia otro lado, basta de abandonar a quienes, día a día, protegen el orden constitucional y el Estado de Derecho.
No es la primera vez. Lo vimos con el cese ignominioso del coronel Diego Pérez de los Cobos. Lo vivimos con la salida forzada del coronel Manuel Sánchez Corbí. Lo vivimos con el desprecio institucional al Teniente Coronel Oliva, ex jefe de OCON SUR (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico), que con todos los resultados a su favor, tras cuatro años de combate al narcotráfico por sorpresa, Interior, disolvió. Y lo sufrimos ahora con el acoso al Teniente Coronel Antonio Balas Dávila. Todos ellos comparten un mismo rasgo: son hombres de honor. Y ese honor es precisamente lo que se castiga, en un sistema que no tolera lo que no puede controlar.
Pero esta vez se ha ido aún más lejos. El señalamiento público de profesionales concretos —con nombre y apellidos— pone en riesgo su integridad personal y la de sus familias. No se puede permitir. No si queremos preservar siquiera los últimos pilares que sostienen el edificio del Estado de Derecho. A quienes hoy atacan, también se les pedirá cuentas.
Y es que la embestida contra la UCO no es solo política: es institucional.
La reforma legal impulsada por el ministro Félix Bolaños, pretende que la Policía Judicial —incluida la UCO— dependa directamente del Ministerio Fiscal, no es una modernización técnica: es una maniobra de control político sin precedentes. Eliminar a los jueces de instrucción como garantes del control y entregar la investigación penal a una fiscalía jerárquicamente sometida al Gobierno no es una reforma, es una amenaza. Una aberración jurídica, democrática y moral. Una cadena de sumisión que solo conduce a un lugar: la dictadura final del poder absoluto.
¿Estamos ante una conspiración deliberada para desactivar las investigaciones que afectan al corazón mismo del poder político? ¿Una operación orquestada para destruir a la UCO, silenciar jueces incómodos y borrar de un plumazo el principio de legalidad?
De ser así, no es un escándalo más. Es un punto de inflexión. Una línea roja ya cruzada.
En un Estado de Derecho no se persigue a los mandos de la Guardia Civil por motivos ideológicos. Pero hoy, en España, lo estamos viendo. Y no, no es una exageración decir que tenemos un Gobierno de infames. Lo exagerado sería callarlo. Porque en este contexto, defender la ley es un acto de heroísmo.
“Los hombres de honor no caben en el gobierno de la impunidad”. Así de claro. Así de trágico. Y así de necesario decirlo.
La carta del general Garrido resuena como un disparo limpio en medio del barro institucional. Es una bofetada a la cobardía política, al silencio de los altos mandos y al abandono institucional de quienes deberían estar protegiendo a sus propios hombres.
En su misiva, publicada este 29 de mayo, el general Garrido no solo alza la voz en defensa de los agentes que están siendo señalados y hostigados públicamente. Va más allá. Describe con precisión quirúrgica cómo se ha activado un engranaje institucional para deslegitimar a mandos concretos de la Guardia Civil, “con nombres y apellidos”, y lo que es aún más grave: para condicionar o incluso paralizar investigaciones judiciales que afectan a la cúspide del poder político. Una denuncia sin ambages contra los poderes fácticos sin límites éticos ni morales, que hoy maniobran para anular causas judiciales por la vía del descrédito público.
“No nos crearon para eludir la mirada del lado en que se está incumpliendo la ley”, escribe Garrido. Y tiene razón. La Guardia Civil no nació para agradar a ningún poder, sino para servir al ciudadano. Por eso molesta. Por eso se la quiere anular. Porque no hay nada más incómodo para un corrupto que un agente honesto.
Con serenidad, pero con firmeza, el general pone voz a los muchos que sienten —y sufren— la soledad institucional del que cumple con su deber. Recuerda que la Guardia Civil no es neutral frente al delito, sino radicalmente leal a la ley. Y que esa lealtad, lejos de ser protegida, está siendo castigada.
"No se puede permitir que se señale públicamente a profesionales íntegros para intentar destruirlos"
Gracias, general Pedro Garrido Roca. Porque en un tiempo donde tantos callan por miedo, usted ha hablado por dignidad. Su carta debe quedar escrita, leída, compartida. Para que nadie diga mañana que no sabía lo que estaba ocurriendo.
Gracias, a los hombres y mujeres de la UCO: gracias. Por resistir, por no venderos, por no ceder ante las presiones, las amenazas y el desprecio. Por seguir creyendo en la verdad, en la legalidad, en lo correcto. Por respetar el juramento que hicisteis al abrazar el uniforme. Hoy, más que nunca, España os debe mucho.
Vuestra divisa es el honor. La de quienes os persiguen, el deshonor. Frente a las cloacas, dignidad. Frente al ruido, principios. Y frente a la cobardía, la UCO.
Siempre, la UCO.
Fuerza y Honor.
https://www.youtube.com/watch?v=28ZUD9CX_GU&t=5s
Pilaru Ramos
Comunicadora y divulgadora de Seguridad y Defensa
Carta abierta a los guardias civiles de la UCO
Pedro Garrido Roca, General de Brigada (R) de la Guardia Civil
Madrid, 29 de mayo de 2025
Llevamos ya varios días escuchando y leyendo noticias sobre el interés de una militante socialista (no la voy a nombrar para no darle más importancia de la que merece) en conocer irregularidades cometidas por el Teniente Coronel Antonio Balas y el Capitán Bonillas (no pongo sus nombres completos porque los desconozco, no porque no lo merezcan), por ser estos dos Oficiales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil los que están soportando el peso de las investigaciones que actualmente mantienen vivo el interés mediático, como son las referidas al caso Koldo Ábalos o Ábalos - Koldo; al caso “hermanísimo” y “aforadísimo” y al caso Begoña, señora de Sánchez, entre otros muchos en los que también habrán participado.
Ante esta circunstancia, ese reconocimiento a mis compañeros, en mi actual situación de retirado, no tiene más valor que el puramente simbólico sin que ello les suponga ninguna rebaja del nivel de incertidumbre profesional y personal en que los han situado. Cuestión distinta sería que recibiesen el apoyo de sus mandos —que doy por seguro que en privado lo han recibido— expresando un posicionamiento público por el que todos los guardias civiles tengan la seguridad de que nada deben temer cuando sus actuaciones sean llevadas a cabo dentro del marco de la ley y en cumplimiento de su deber de defensa de la misma, con independencia de la trascendencia política que, directa o indirectamente, se pudieran derivar de esas actuaciones, pues el deber de neutralidad política no es exigible ante la posible comisión de un delito. La Guardia Civil no es neutral, ni política ni de ninguna otra manera, ante los actos criminales porque ello sería contrario a la misma esencia de la misión y principios de actuación de este Cuerpo.
Desafortunadamente, no es la primera vez que los guardias civiles puestos en tela de juicio ante la sociedad o ante la propia Institución como consecuencia de haber llevado a cabo las actuaciones profesionales que el deber les demandaba, se auto perciben como luchadores solitarios porque quienes tenían que expresarles su apoyo lo han hecho tácitamente en lugar de hacerlo de manera expresa, especialmente cuando los más directos responsables políticos, por causas que solo a ellos corresponde explicar, no son capaces o no quieren hacerlo; y de manera, también, que llegue a conocimiento de quienes creen que la integridad, honestidad y restantes principios éticos de los guardias civiles pueden doblegarse con la fanfarronería o la soberbia propia de los carentes de escrúpulos. Es en esos momentos cuando los líderes no pueden olvidar que, mientras el ejercicio de las funciones de dirección se basa en los proyectos, o las de mando en la autoridad, el liderazgo se basa en la credibilidad y respeto moral que les otorgan los liderados.
No nos crearon para eludir la mirada del lado en que se está incumpliendo la ley, sino para denunciar esos incumplimientos ante las autoridades competentes, sin distinción de ningún tipo respecto de sus supuestos autores y beneficiarios. Podemos sentirnos orgullosos de que ese sea el sentir y conducta general entre los guardias civiles, que desempeñan sin reparar en sus costes personales, porque su guía es un código ético que reúne y respeta los valores más enraizados en la sociedad, sin más contenido ideológico que el servicio a los ciudadanos y a España, representada en su Rey.
Enhorabuena compañeros por seguir respetando el legado de nuestro fundador, el Duque de Ahumada.
Ante ello, mi primer pensamiento —máxime habiendo sido, como fui, uno de los que coadyuvaron a los pasos iniciales de la Unidad— es manifestar mi sincero apoyo a los dos Oficiales cuyo vilipendio se ha convertido en el objetivo de quienes tienen interés en anular las causas judiciales seguidas con el auxilio de esas investigaciones, amén de desprestigiar a la Unidad a la que pertenecen y a la Guardia Civil de la que forman parte y, por ende, debilitar la firmeza y convicciones de todos los miembros de la UCO y de la Guardia Civil que sufren y han sufrido, por muy diversos motivos, las presiones de poderes fácticos para los que no hay límites éticos ni morales que no puedan ser rebasados.
Bien es cierto que la elección del objetivo de sus ataques no es azarosa ni casual, pues el modo y la manera de llevar a cabo la investigación policial de los hechos delictivos cometidos por los diferentes poderes —cada vez con más incidencia en el ámbito político—, están en plena transformación; y no solo en nuestro país, sino a nivel europeo e internacional, en donde la jurisprudencia europea viene señalando que la policía judicial debe estar bajo la dependencia directa de la Fiscalía.
Quienes así opinan y actúan, con independencia de la legalidad vigente y de la necesidad de garantizar la independencia de los jueces y la separación de poderes, olvidan que el actual sistema, creado y respetado a lo largo de décadas, mantiene el necesario equilibrio para que la Policía Judicial —encabezada por jueces de instrucción con una amplia experiencia en la investigación penal y responsables de sus decisiones— actúe bajo el control y la dirección judicial, control que se pierde con la dependencia de la Fiscalía, que es un órgano jerárquico y sometido al Gobierno.
No hay que ser muy perspicaz para entender que en un Estado democrático de Derecho el principal valor a proteger, frente a la aplicación de los principios políticos, debe ser la legalidad, y esa legalidad, como decía mi admirado y siempre recordado amigo y compañero general Sánchez Corbí, “es la primera víctima cuando comienza a hacer acto de presencia la corrupción política”.
Con esta nueva situación planteada, por la que el ministro Félix Bolaños parece apostarlo todo, la UCO y la Guardia Civil en general, no solo en su ámbito judicial, están siendo cuestionados, y de qué manera, por quienes pueden ver afectados sus intereses personales y políticos. No se trata de una crisis institucional más, ni de una crisis interna, sino de una crisis de Estado en la que se está utilizando a la Guardia Civil como si fuera una moneda de cambio, cuando no un instrumento de presión.
En definitiva, la Guardia Civil, y en particular la UCO, representan una línea roja a no cruzar para quienes quieren imponer un régimen político distinto del Estado de Derecho, y a ello responden los ataques a los miembros de la Unidad, con el objetivo de socavar su integridad profesional y personal.
Por ello, para acabar, hago un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para que mantengan el apoyo y el respeto a la Guardia Civil y a sus unidades de élite como la UCO, porque defender la ley es defender la democracia, y sin ellos no existe garantía alguna de que esa democracia siga siendo un espacio libre y justo.