El Ayuntamiento de Vic, condenado por discriminar a trabajadores por no hablar catalán: el separatismo llevado al absurdo
Pierden terreno los independentistas
Nuevo varapalo judicial al fanatismo lingüístico en Cataluña.
El Ayuntamiento de Vic, gobernado por Junts, se ha convertido en el primer consistorio de España condenado por exigir un nivel alto de catalán un B2 para un puesto de ayudante de enterrador.
Sí, has leído bien: para trabajar en el cementerio, había que acreditar conocimientos avanzados de catalán.
El puesto no era de atención al público ni de responsabilidad técnica.
Se trataba de tareas de mantenimiento del cementerio municipal, es decir, trabajo físico, con herramientas, con tierra y mármol... pero el consistorio decidió imponer un requisito lingüístico totalmente desproporcionado y fuera de lugar.
El adoctrinamiento lingüístico llega hasta el cementerio
El caso ha sido tan grotesco que el tribunal ha tumbado la exigencia por considerarla discriminatoria e injustificada, un abuso que vulnera el principio de igualdad en el acceso al empleo público.
Pero el gesto del Ayuntamiento de Vic no es un error aislado, sino la prueba de una obsesión ideológica enfermiza: el separatismo pretende imponer su dogma hasta a los que cavan tumbas.
La resolución judicial marca un precedente histórico y deja en evidencia el exceso de los gobiernos independentistas, que utilizan el idioma como arma política en lugar de herramienta cultural.
Y lo más grave: lo hacen a costa de excluir a españoles que simplemente quieren trabajar y ganarse la vida.
Cuando el fanatismo sustituye al sentido común
Vic no es una excepción: es el espejo de un modelo de gestión sectario que confunde lengua con identidad, y política con imposición.
La pregunta que muchos se hacen es obvia:
¿de verdad alguien necesita un B2 de catalán para limpiar lápidas o reparar vallas en un cementerio?
La respuesta es tan clara como indignante: no, pero sí si el objetivo es discriminar.
El nacionalismo lleva años usando el idioma para crear barreras artificiales, separando a los catalanes “buenos” —los que hablan catalán— de los “malos” —los que no—.
Una política injusta, clasista y profundamente antiespañola.
El sentido común, por fin, se impone
La sentencia llega como una victoria del sentido común frente a la tiranía ideológica.
Y aunque Vic haya sido el primero en ser condenado, no será el último: decenas de ayuntamientos catalanes han hecho lo mismo durante años, amparados en un nacionalismo que desprecia a los ciudadanos castellanohablantes.
El fallo judicial abre la puerta a más denuncias y puede poner fin a una práctica que ha marginado a miles de trabajadores.
La justicia, una vez más, ha tenido que recordar que en España la lengua no puede ser una barrera para trabajar.
Lo ocurrido en Vic no es solo un escándalo local: es un símbolo de la deriva del separatismo catalán.
Mientras Cataluña sufre problemas de seguridad, precariedad y pobreza, sus políticos siguen preocupados por el nivel de catalán… hasta en el cementerio.
Y eso resume perfectamente lo que ocurre cuando la ideología sustituye al sentido común: los muertos descansan, pero la libertad laboral no.