El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimite tras la condena del Supremo
María Ángeles Sánchez Conde asumiría la Fiscalía General
La cúpula judicial vive un nuevo estallido que deja en evidencia al Gobierno. Tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra contra las cuerdas y su dimisión se da prácticamente por hecha.
Pero la clave ahora es otra: ¿quién toma el timón en plena tormenta?
Sánchez Conde, la sustituta inevitable
Si García Ortiz presenta su dimisión antes de que Moncloa formalice su cese, la ley marca un relevo automático:
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y representante de la Fiscalía en el juicio que acabó destruyendo la credibilidad de su jefe, será quien asuma la jefatura del Ministerio Público.
Una ironía jurídica con enorme carga simbólica:
la fiscal que defendió la posición institucional en el proceso es quien deberá recomponer la Fiscalía tras su mayor escándalo en décadas.
Otro golpe al Gobierno de Sánchez
El sanchismo suma un nuevo derrumbe. La caída de García Ortiz supone:
- Un fiscal general condenado.
- Un Gobierno sostenido sobre equilibrios precarios.
- Una Fiscalía politizada hasta niveles insostenibles.
- Y una merma evidente en la confianza ciudadana en las instituciones.
La imagen es demoledora: la “Fiscalía de progreso” termina inhabilitada por la Justicia.
Una institución en ruinas internas
Sánchez Conde es reconocida por su perfil técnico y poco dado al ruido político, pero le tocaría asumir el liderazgo en:
- Un ambiente enrarecido,
- Una Fiscalía fracturada,
- Una presión social creciente,
- Y un Ministerio Público que necesita recuperar prestigio y neutralidad.
No es un relevo natural; es un relevo forzado por la gravedad de los hechos.
El sanchismo pierde una pieza clave
García Ortiz fue una apuesta personal de Sánchez, una figura diseñada para ser el guardián judicial del Ejecutivo.
Hoy, esa apuesta se ha convertido en un bumerán que golpea de lleno la reputación del Gobierno.
La Justicia ha hablado.
El Gobierno intenta minimizar daños.
Y España, una vez más, queda atrapada entre las maniobras políticas y el deterioro de sus instituciones.
La pregunta ya no es si habrá dimisión. Es:
¿Qué nueva crisis nace después de esta?