El Gobierno abandona a las CCAA con los menas: sin dinero, sin personal y sin vergüenza

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido que no destinará ni un euro adicional al sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas), a pesar de que su número se ha disparado un 221% en los últimos ocho años.

Moncloa ha tardado dos años en reaccionar desde que el presidente canario, Fernando Clavijo, alertara de una "emergencia humanitaria" en las islas por la saturación de los centros.

Ahora, con el país superado por la presión migratoria, la respuesta del Gobierno es lavarse las manos y cargar el problema sobre las comunidades autónomas, sin recursos, sin personal y sin planificación.

El nuevo decreto de reparto obligatorio de menores ha generado una ola de rechazo sin precedentes: sindicatos, ONGs y las propias comunidades autónomas receptoras y emisoras han criticado el texto por ser improvisado, ineficaz y vacío de garantías reales.

Lejos de abordar con seriedad una cuestión tan delicada, el Gobierno prefiere parchear y maquillar su inacción con frases vacías como "no se incrementará el gasto público", ignorando que la saturación de los centros ya es una bomba de relojería social y asistencial.

¿Cómo se pretende acoger más menores sin más recursos humanos ni materiales? Esa es la pregunta que se hacen desde múltiples sectores, que denuncian que esta medida solo agrava la precariedad del sistema de protección de menores y pone en riesgo la seguridad y la integración social.

La estrategia del Ejecutivo es clara: aparentar sensibilidad humanitaria mientras externaliza los costes políticos, sociales y económicos a las regiones, muchas de las cuales ya no pueden más.

La decisión de no reforzar el presupuesto ni los medios revela, una vez más, la incompetencia de un Gobierno incapaz de anticiparse, de coordinar y de asumir responsabilidades reales.

Todo mientras la tensión crece en barrios y ciudades donde la ciudadanía ve cómo la dejadez institucional mina la convivencia, colapsa servicios y genera incertidumbre.

Sánchez y su equipo han perdido por completo el control de un asunto que requiere firmeza, recursos y gestión profesional, no propaganda ni discursos huecos.

España no puede permitirse seguir gestionando la inmigración a golpe de decreto, titulares y ocurrencias de Moncloa.

La situación de los menas no se resuelve con repartos forzados, ni con recortes camuflados. Se resuelve con responsabilidad, coordinación entre administraciones, y una financiación adecuada que respalde de verdad a quienes están en primera línea.

Mientras tanto, el Ejecutivo se escuda en la corrección política, culpando a otros y negando lo evidente: que estamos ante un fracaso político absoluto de una gestión migratoria sin rumbo ni sentido de Estado.