El Gobierno quiere perpetuar el alquiler a inmigrantes
Otros colectivos en situación de vulnerabilidad también
La medida, aún en fase de estudio, busca eliminar algunas de las exigencias habituales como aval bancario, contrato laboral indefinido o ingresos mínimos, que dificultan el acceso a la vivienda para quienes carecen de documentación estable o historial financiero en el país.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el objetivo es "garantizar el derecho a la vivienda" sin que las condiciones administrativas supongan una barrera estructural.
Actualmente, miles de personas, especialmente inmigrantes recién llegados o solicitantes de asilo, encuentran enormes dificultades para alquilar una vivienda pese a disponer de medios económicos.
La propuesta contempla un sistema de garantías públicas o fondos de cobertura respaldados por el Estado, que asumirían el riesgo en caso de impagos.
Esto permitiría a los propietarios alquilar con mayor seguridad, al tiempo que se protege a los inquilinos en situación vulnerable.
No obstante, la iniciativa ha generado división de opiniones.
Desde asociaciones de propietarios se advierte que una relajación excesiva de los requisitos podría traducirse en un aumento de la morosidad y la inseguridad jurídica.
"El equilibrio debe buscarse sin castigar al pequeño propietario", ha señalado el portavoz de una federación nacional.
Por su parte, entidades sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos celebran el posible cambio como un paso hacia una vivienda más inclusiva y equitativa.
"No se trata de privilegios, sino de eliminar obstáculos que perpetúan la exclusión", afirman.
El debate continúa en el seno del Ejecutivo y se espera que en las próximas semanas se presenten propuestas concretas en el marco de una nueva ley de vivienda o reformas complementarias.