El Gobierno se suma a la gran mentira de la "bomba contra Sánchez" para tumbar causas de corrupción

En un giro absolutamente grotesco, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrazar la estrategia más indecente de su legislatura: convertir una falsa conspiración mediática en arma política para paralizar las investigaciones por corrupción que afectan a su entorno más cercano.

Al frente de esta operación se encuentra Leire Díez, la diputada socialista que actúa como ariete del Ejecutivo para sembrar la idea de que todo es una cacería contra el presidente. Sin una sola prueba, se está utilizando la excusa de una supuesta "bomba informativa" —que jamás existió— para atacar a los jueces, desacreditar a la Guardia Civil y blindar al Gobierno frente a sus escándalos.

Lo que comenzó como una simple maniobra de distracción se ha convertido en una campaña institucional para dinamitar el Estado de Derecho desde dentro. Las causas judiciales por tráfico de influencias, contratos fraudulentos y corrupción institucional no son negadas ni refutadas: simplemente se intenta borrarlas del mapa acusando a todos de conspiradores.

Es el mismo manual de los regímenes autoritarios: convertir al acusado en víctima, destruir la credibilidad de las instituciones y reescribir la realidad hasta que solo quede la versión oficial del poder. Y eso es exactamente lo que está haciendo Sánchez con la complicidad de sus ministros.

La estrategia es repugnante: usar al aparato del Estado para tapar sus propios delitos. Se ataca a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se presiona a los fiscales, se insinúa que los jueces están politizados... Todo vale para desactivar las causas judiciales que podrían acabar con varios altos cargos del PSOE —y tal vez con el propio presidente— en los tribunales.

¿Dónde está esa famosa "bomba"? ¿Qué medio la iba a publicar? ¿Qué pruebas existen de esta supuesta conspiración? No hay nada. Solo humo, victimismo y manipulación. Lo que sí hay, en cambio, son contratos amañados, viajes opacos, familiares beneficiados, fondos públicos desviados y nombres propios bajo la lupa judicial.

El propio Sánchez alimentó esta farsa cuando fingió una “reflexión” de cinco días para luego regresar entre aplausos, como si volviera del exilio, mientras las pruebas de corrupción se amontonaban. Fue una puesta en escena burda, diseñada para desviar la atención y sembrar una narrativa de persecución.

Pero esto ya no es política: es obstrucción institucional y manipulación de las reglas del juego democrático. Los ciudadanos no votaron para que sus gobernantes convirtieran a España en un cortijo sin ley, donde cada escándalo se barre bajo la alfombra con una rueda de prensa, una carta lacrimógena o un tuit indignado.

Desde la oposición se advierte, con razón, que la impunidad está siendo elevada a doctrina oficial del Gobierno. Y no exageran: el PSOE ha dejado de defender la legalidad para empezar a defenderse de ella.

No se puede permitir que quienes están bajo sospecha utilicen el poder para protegerse del castigo judicial. No se puede tolerar que se pisoteen las instituciones para salvar a un presidente acorralado. Y no se puede callar mientras se dinamita el pilar fundamental de cualquier democracia: la igualdad ante la ley.

Este no es un Gobierno acorralado por conspiradores: es un Gobierno acorralado por sus propios delitos. Y ahora quiere que miremos hacia otro lado mientras culpan a los mensajeros, destruyen pruebas y fabrican enemigos invisibles.

El escándalo ya no es solo la corrupción. El verdadero escándalo es que el poder se esté usando para destruir a quienes intentan investigarla.