El juez cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un supuesto delito de malversación
Otra vez imputada por la gracia de Pedro Sánchez
Nuevo capítulo en el escándalo que rodea al matrimonio presidencial. El magistrado Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez, los próximos días 10 y 11 de septiembre.
Según el auto judicial, la investigación se centra en la contratación de Álvarez como asistente personal de Gómez en Moncloa, un puesto que habría sido financiado con recursos públicos y que, presuntamente, podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.
La primera en declarar será la asesora, el 10 de septiembre, mientras que Begoña Gómez tendrá que comparecer ante el juez al día siguiente, 11 de septiembre a las 10:30 horas.
Pero este no es un caso aislado: la mujer del presidente ya se encuentra investigada por otros cuatro delitos, que incluyen tráfico de influencias, prevaricación, corrupción en los negocios y cohecho. El sumario, que avanza a un ritmo imparable, coloca cada vez más contra las cuerdas a Sánchez, que hasta ahora ha intentado blindar a su esposa bajo un muro mediático y político.
Lo que debería preocupar a cualquier ciudadano es que hablamos de la mujer del presidente del Gobierno, alguien con acceso directo al núcleo del poder en España, que acumula ya cinco causas judiciales abiertas. En cualquier país serio de Europa, esto habría provocado dimisiones inmediatas y responsabilidades políticas claras. Sin embargo, en España, el socialismo de Sánchez responde con silencio, ataques a la prensa y la habitual cortina de humo para distraer a la opinión pública.
La pregunta que surge es inevitable: ¿quién pagó realmente el sueldo y las funciones de la asesora de Begoña Gómez? ¿Se usaron fondos públicos para beneficio particular? ¿Estamos ante un caso de enchufismo puro y duro, financiado por todos los españoles?
Mientras tanto, Sánchez sigue refugiado en su relato de víctima, hablando de “conspiraciones” y de “lawfare”, en lugar de asumir la realidad: la justicia está investigando a su esposa por hechos muy graves, con indicios sólidos que han llevado a la apertura de diligencias y a la citación judicial.
Este proceso marcará un antes y un después en la historia reciente de España. Si la justicia confirma los indicios, no solo estaremos ante el mayor escándalo de corrupción en la Moncloa de la democracia, sino que quedará en evidencia la moral doble de un Gobierno que presume de feminismo, igualdad y transparencia, mientras ampara privilegios, enchufes y el uso del dinero público en beneficio propio.
El 10 y 11 de septiembre no serán solo fechas judiciales. Serán un termómetro del estado de derecho en España, de la independencia judicial y de la capacidad del sistema para poner límites incluso a quienes viven en el Palacio de la Moncloa.
La conclusión es clara: Sánchez y su entorno están acorralados. Y el pueblo español tiene derecho a saber toda la verdad.