El reloj corre en el Ayuntamiento de Vila-real. El silencio administrativo del alcalde afronta su recta final: quedan 29 días para resolver y entregar la documentación solicitada sobre el expediente de la denominada macromezquita.
Una solicitud con plazos legales
La petición de acceso a la documentación —amparada por la Ley de Transparencia— activó los plazos administrativos. Tras el traslado a terceros interesados, el cómputo se reanuda y deja al consistorio ante una disyuntiva clara:
Cumplir y entregar la información, o
Forzar un escenario de conflicto jurídico por inacción.
Transparencia en juego
La falta de respuesta alimenta la sospecha política y la desconfianza ciudadana. No se trata de un trámite menor: hablamos de un proyecto de gran impacto urbano y social que exige claridad, informes completos y acceso a los expedientes.
Consecuencias del silencio
Si el Ayuntamiento agota el plazo sin resolver:
Se consolida la vía del silencio administrativo.
Se abre la puerta a acciones legales por vulneración del derecho de acceso a la información.
Se erosiona la credibilidad institucional del gobierno local.
Cuenta atrás
Con 29 días por delante, la decisión es política y administrativa. Transparencia o bloqueo. Entregar la documentación cerraría dudas; prolongar el silencio las multiplicará.
Vila-real no necesita más opacidad. Necesita respuestas.






