El reloj corre en el Ayuntamiento de Vila-real. El silencio administrativo del alcalde afronta su recta final: quedan 29 días para resolver y entregar la documentación solicitada sobre el expediente de la denominada macromezquita.

Una solicitud con plazos legales

La petición de acceso a la documentación —amparada por la Ley de Transparencia— activó los plazos administrativos. Tras el traslado a terceros interesados, el cómputo se reanuda y deja al consistorio ante una disyuntiva clara:

  • Cumplir y entregar la información, o

  • Forzar un escenario de conflicto jurídico por inacción.

Transparencia en juego

La falta de respuesta alimenta la sospecha política y la desconfianza ciudadana. No se trata de un trámite menor: hablamos de un proyecto de gran impacto urbano y social que exige claridad, informes completos y acceso a los expedientes.

Consecuencias del silencio

Si el Ayuntamiento agota el plazo sin resolver:

  • Se consolida la vía del silencio administrativo.

  • Se abre la puerta a acciones legales por vulneración del derecho de acceso a la información.

  • Se erosiona la credibilidad institucional del gobierno local.

Cuenta atrás

Con 29 días por delante, la decisión es política y administrativa. Transparencia o bloqueo. Entregar la documentación cerraría dudas; prolongar el silencio las multiplicará.

Vila-real no necesita más opacidad. Necesita respuestas.