El Supremo fulmina al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelar secretos

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

Sí, has leído bien:
el máximo responsable del Ministerio Fiscal, el hombre que debía garantizar la legalidad, se convierte ahora en el protagonista de una de las mayores vergüenzas judiciales de la etapa sanchista.

Esta sentencia desmonta por completo el discurso del Gobierno, que llevaba años blindando a García Ortiz pese a las críticas, pese a sus polémicas decisiones y pese a la evidente pérdida de credibilidad de la Fiscalía General.

Pero lo más grave no es solo la condena.
Lo más grave es lo que significa:

El Supremo confirma que el fiscal general vulneró información sensible.
El guardián de la ley jugó contra la ley.

Y mientras tanto, el Gobierno guarda silencio.
Ninguna dimisión anunciada.
Ninguna explicación a los ciudadanos.
Ningún gesto de responsabilidad.

Esta condena golpea directamente en la arquitectura del Estado, porque deja al descubierto lo que millones de españoles llevan años denunciando:

La Fiscalía ha sido politizada, instrumentalizada y puesta al servicio de un proyecto de poder.

El sanchismo lo convirtió en un escudo.
El Supremo lo convierte ahora en un símbolo de la decadencia institucional.

Y la pregunta que ya flota en el ambiente político es inevitable:

¿Cuántas decisiones de la Fiscalía durante estos años quedan ahora bajo sospecha?

España merece instituciones limpias, no piezas al servicio del jefe de Moncloa.
Y esta sentencia es el primer paso para recuperar lo que nunca debió perderse:

La independencia y la dignidad del Estado.