La permuta de la macromezquita es presuntamente ilegal, España 2000 acorrala a José Benlloch

El solar que valía casi nada cuando lo daba y una fortuna cuando lo recibía Vila-real entregó suelo edificable y se quedó un terreno recalificado a cero. El número salió cuadrado al milímetro. Y el único que hace preguntas ni siquiera tiene un escaño. Vamos a contarlo en cristiano, para que lo entienda cualquiera. El Ayuntamiento de Vila-real cambió el planeamiento urbanístico para hacer una rotonda en el cruce del Camí Les Voltes con la avenida Bélgica. Hasta ahí, normal. El problema es que ese cambio cayó casi entero sobre una parcela privada que la Comunidad Islámica para el Diálogo y la Integración había comprado en 2017 para levantar un centro cultural. De golpe, ese suelo industrial dejó de poder edificarse: pasó a ser zona verde, viario y aparcamiento. En la práctica, el valor de mercado de esa finca se desplomó. ¿La solución del consistorio? En vez de expropiar y pagar, una permuta. El Ayuntamiento cogió un terreno propio —que además le había sido cedido gratis en 1997 con la condición de que fuera zona verde y vía pública—, lo recalificó a suelo terciario edificable y se lo entregó a la Comunidad. A cambio recibió la parcela de esta. Y aquí viene lo interesante. EL TRUCO ESTÁ EN CÓMO SE PESA CADA COSA Para que una permuta así sea legal sin sacarla a subasta, la ley exige que los dos terrenos valgan más o menos lo mismo: la diferencia no puede pasar del 40% (Reglamento de Bienes) ni del 50% (ley valenciana de régimen local). Pues bien: el informe municipal valoró el solar que daba el Ayuntamiento por lo que vale ya recalificado a terciario (472.063 €), y el de la Comunidad por lo que valía antes de quedar inservible, como industrial (460.950 €). Traducido: a un terreno se le pone el precio del «después» y al otro el del «antes». ¿El resultado de comparar peras maduras con peras verdes? Una diferencia del 2,35%. Justo, justísimo, por debajo del límite legal. Cuando un número sale tan redondo y tan a tiempo, lo periodístico no es callarse: es preguntar. Conviene ser honestos, porque aquí no todo es blanco o negro. Hay un argumento razonable a favor del Ayuntamiento: si fue su propio cambio urbanístico el que arruinó el valor de la parcela ajena, compensar por lo que valía antes tiene una lógica indemnizatoria. El matiz —y no es menor— es que la técnica correcta para reflejar eso es la que marca la Ley del Suelo estatal… que el informe descartó usar expresamente. Y que el suelo que entregó el Ayuntamiento no era un solar cualquiera: era un regalo que recibió para que fuera parque, no para revenderlo edificable. Y AHORA, LA PARTE QUE DEBERÍA INCOMODAR

EL CONSERVADOR NOTICIAS Opinión e investigación Una operación con estas aristas —dinero público, patrimonio municipal, recalificaciones, valoraciones que rozan el límite legal— debería haber tenido a media corporación encima, haciendo preguntas. ¿Qué pasó en realidad? El PP y Vox se abstuvieron. Nadie votó en contra. Diecinueve votos a favor y seis abstenciones. La «oposición» se quedó mirando. El único que ha plantado cara —política y públicamente— ha sido David Martí, que concurrió a las elecciones con la formación independiente ProNostrum David Martí no obtuvo representación: se quedó a las puertas, con muy pocos votos y sin acta de concejal. Ni cobra del consistorio ni tiene asiento en el Pleno. Y, aun así, ha sido el único en pedir la documentación al Ayuntamiento y en cuestionar abiertamente este macroconvenio. Ahora vuelve a presentarse por España 2000 a la alcaldía, y sigue siendo la única voz que está señalando las dudas que destila este expediente. Así que la pregunta que dejamos sobre la mesa no es solo «¿salió bien la cuenta?». Es esta otra, más incómoda: si los partidos con escaño se abstienen y el único que fiscaliza es un candidato sin representación, que lo hace por su cuenta y sin cobrar… ¿para qué pagamos a los demás?

LO QUE SABEMOS Y LO QUE NO Acreditado: el cambio de planeamiento, la permuta, las dos valoraciones con métodos distintos, la diferencia del 2,35%, el sentido de la votación (19 a favor, 6 abstenciones de PP y Vox, ningún voto en contra) y que la finca municipal procede de una cesión gratuita de 1997 destinada a zona verde. Por confirmar: que la valoración se hiciera para esquivar a propósito los límites legales (es una sospecha razonable, no un hecho probado) y la vigencia de la tasación al firmarse la escritura. Este medio no afirma que exista ilegalidad consumada: plantea preguntas legítimas sobre una operación con dinero y suelo de todos.