La transferencia de la Seguridad Social al PNV "quebrará el principio de solidaridad" y abrirá la puerta a desigualdades
Un trozo menos que queda de España
Expertos en derecho constitucional y economía alertan de las consecuencias que podría tener la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, acordada entre el Gobierno central y el PNV.
Según varios juristas, esta transferencia puede romper el principio de solidaridad entre territorios, generando diferencias en las prestaciones y abriendo una peligrosa vía de desigualdad entre comunidades autónomas.
El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que, aunque las comunidades pueden asumir la gestión económica, existe un límite claro: no se puede quebrar la unidad del sistema ni crear disparidades en los derechos sociales.
La caja única de la Seguridad Social ha sido hasta ahora una garantía para que todos los españoles, sin importar su lugar de residencia, accedan a pensiones y prestaciones con los mismos criterios y garantías.
Con esta medida, el Ejecutivo abre una grieta en ese modelo, presionado por acuerdos políticos de carácter territorial, y sin que se haya producido un debate público ni técnico suficientemente riguroso.
Los sindicatos y plataformas de pensionistas también han mostrado su preocupación, temiendo que este precedente dé lugar a un sistema fragmentado, donde cada comunidad gestione según sus intereses.
La oposición ha acusado al Gobierno de poner en riesgo uno de los pilares del Estado del bienestar a cambio de mantener apoyos parlamentarios, sin evaluar las consecuencias para el conjunto de los ciudadanos.
Para muchos analistas, la prioridad debería ser blindar un sistema equitativo y sostenible, no trocearlo en función de los pactos políticos del momento.