Pumpido Impone a su Vicepresidenta como Ponente de la Amnistía para Controlarla
Pumpido va decidido a romper España
Una Jugada de Poder en el Tribunal Constitucional
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha dado un paso más en su estrategia de control al imponer a su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, como ponente de la Ley de Amnistía. Con esta maniobra, se asegura de que el proceso quede bajo su dominio absoluto, garantizando que el texto se adapte a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.
Una Elección a Medida
La decisión de que Montalbán lidere la ponencia no es casualidad. Conocida por su alineamiento con la mayoría progresista del tribunal, su nombramiento garantiza que el texto de la amnistía siga la línea que busca Moncloa. Esta designación ha generado malestar entre los magistrados conservadores, quienes ven en esta maniobra un intento descarado de manipulación del proceso judicial.
Un Tribunal Constitucional al Servicio del Gobierno
Desde que asumió la presidencia, Pumpido ha demostrado estar dispuesto a utilizar el Tribunal Constitucional como una herramienta política, asegurando que las decisiones clave favorezcan al Ejecutivo. Este nuevo movimiento refuerza la percepción de que el alto tribunal ha perdido su independencia y se ha convertido en un mero apéndice del poder político.
La Resistencia de los Magistrados Conservadores
Los magistrados más críticos con el Gobierno han dejado claro que no aceptarán sin más la imposición de Pumpido. Consideran que la Ley de Amnistía plantea graves problemas de constitucionalidad, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley.
Sin embargo, con la mayoría progresista en el tribunal y ahora con su mano derecha al mando de la ponencia, Pumpido tiene en sus manos la capacidad de imponer el resultado que más convenga a Sánchez y sus socios separatistas.
Un Paso Más en la Descomposición Institucional
Este episodio es una nueva prueba de cómo el Gobierno y sus aliados están socavando la independencia de las instituciones para consolidar su control sobre el país. Lo que debería ser una revisión imparcial de una ley clave para el futuro de España, se está convirtiendo en una farsa política con el aval del Tribunal Constitucional.
La pregunta ahora es: ¿habrá alguien capaz de frenar este atropello, o España seguirá avanzando hacia un modelo donde las instituciones solo sirven al poder?