Sánchez cuadruplica en sólo seis años el número de funcionarios de «memoria histórica»
España es el universo de los funcionarios
Desde 2018, el número de empleados públicos dedicados exclusivamente a tareas relacionadas con la Ley de Memoria Democrática ha pasado de apenas unas decenas a más de 200, según datos del propio Ministerio de la Presidencia.
El Ejecutivo justifica este aumento como parte de su compromiso con la reparación de las víctimas del franquismo y la recuperación de cuerpos en fosas comunes.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, creada por Pedro Sánchez, lidera estos trabajos con un presupuesto que también ha crecido exponencialmente desde su fundación.
En contraste, la oposición critica que se trata de una estructura ideologizada que utiliza recursos públicos con fines políticos.
Algunos gobiernos autonómicos han mostrado su rechazo a colaborar con el Ejecutivo central en los términos actuales, argumentando que las prioridades deberían centrarse en las necesidades sociales actuales, como la sanidad o la educación.
Desde el Ministerio aseguran que la ampliación del personal es clave para cumplir con los objetivos marcados en la ley, como la creación del banco de ADN, el censo de víctimas y la retirada de simbología franquista en toda España.
El Gobierno insiste en que se trata de una obligación moral y legal que responde a los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.