El Ejecutivo está trabajando en un mecanismo que permita distribuir de forma obligatoria a estos menores entre las diferentes comunidades autónomas, incluso en aquellas que se han mostrado reacias a participar en un reparto forzoso.
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, la propuesta incluye la implicación directa de la Fiscalía de Menores y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el traslado y acogida, con el argumento de que se trata de una cuestión de emergencia humanitaria y protección de derechos fundamentales.
En la actualidad, la mayoría de estos menores se concentran en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, donde los recursos de acogida están saturados.
El Ejecutivo sostiene que el sistema actual es insostenible y requiere una solidaridad efectiva entre territorios.
Varios gobiernos autonómicos, especialmente los de signo popular, han criticado esta iniciativa al considerar que vulnera sus competencias y se impone sin consenso.
Desde la oposición se acusa al Gobierno de querer imponer cuotas a las comunidades para "tapar su incapacidad de gestionar la inmigración".
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que “el objetivo es proteger a los menores, no hacer política partidista con ellos”.
El Gobierno prevé llevar la propuesta al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
