El chaleco y el socavón: la responsabilidad que se lleva puesta y la que no se asume

José Benlloch ha explicado esta semana, en una entrevista en Onda Cero Vila-real, por qué lleva chaleco identificativo en determinadas situaciones como alcalde: porque la ley le atribuye la responsabilidad, y ante una emergencia debe estar identificado y asumirla. Es una respuesta correcta, incluso ejemplar, sobre el papel. El problema es que un chaleco se pone y se quita en un segundo, y la responsabilidad de gobernar una ciudad no funciona igual. Mientras el alcalde hablaba de asumir responsabilidades ante la emergencia, su Ayuntamiento tiene sobre la mesa una reclamación de 190.000 euros de una familia que ha perdido a su madre. Una mujer de 74 años murió tras caer en un socavón en la propia plaza Mayor —el centro simbólico de la ciudad, la plaza que rodea el Ayuntamiento que él preside— después de que, según la familia, la retirada de un árbol dejara un hundimiento sin señalizar. La mujer pasó varios días en la UCI antes de fallecer. Ahí está la responsabilidad de verdad, la que no se lleva puesta en un acto público: la de que una plaza central de la ciudad no tuviera un socavón cubierto, vallado o señalizado antes de que alguien tropezara con él. Esa responsabilidad no se demuestra con un chaleco ni con una frase bien construida en una entrevista de radio: se demuestra con el mantenimiento diario de las calles, con la revisión de las obras que se ejecutan en el espacio público, y con la rapidez y la honestidad con la que un Ayuntamiento responde cuando algo así ocurre. El contraste es incómodo precisamente porque no hace falta forzarlo: el propio alcalde ha puesto la vara de medir. Si "de cara a la ley, el alcalde es el responsable" cuando hay una emergencia y debe estar identificado, esa misma lógica no puede detenerse convenientemente antes de llegar al mantenimiento de una plaza pública. La responsabilidad institucional no es una pose para la cámara: es lo que ocurre, o deja de ocurrir, cuando nadie está mirando — cuando se retira un árbol y nadie revisa después si el hueco queda seguro. Vila-real no necesita más frases sobre quién asume qué. Necesita que quien gobierna la ciudad demuestre, con hechos verificables, que después de esta tragedia se ha revisado el estado de cada plaza, cada acera y cada obra reciente en la vía pública — y que la familia de esta mujer reciba una respuesta rápida y sin subterfugios a su reclamación, en lugar de los seis meses de silencio administrativo que la ley permite y que tantas veces se convierten en la última humillación para quien ya ha perdido demasiado.