La provincia de Castellón está viviendo un alarmante incremento en el número de demandas por okupaciones ilegales. Según los últimos datos judiciales, las denuncias por este problema han aumentado un 57%, reflejando una escalada sin precedentes en la inseguridad y la indefensión de los propietarios.
📊 Un problema que no deja de crecer
El repunte de las okupaciones está afectando tanto a viviendas particulares como a pisos vacíos de pequeños propietarios, que se ven atrapados en procesos judiciales interminables mientras los okupas se aprovechan de la lentitud del sistema judicial y de las lagunas legales.
Entre las razones de este incremento se encuentran:
✔️ Leyes permisivas que dificultan los desalojos.
✔️ Redes organizadas que se dedican a la ocupación y reventa ilegal de inmuebles.
✔️ Falta de acción política para proteger a los legítimos dueños.
❌ Propietarios en pie de guerra
Las asociaciones de afectados han denunciado en múltiples ocasiones que los okupas tienen más derechos que los propietarios, y exigen reformas legislativas inmediatas que permitan desalojos exprés y penas más duras para quienes se lucran de esta situación.
Mientras tanto, la desesperación crece entre quienes ven cómo su hogar o inversión queda en manos de mafias, sin respuestas contundentes por parte de las autoridades.
