Hay ciudadanos que acaban ante una cámara porque ya no les queda otra puerta. Un vecino de Vila-real con discapacidad ha grabado un vídeo para TikTok bajo el lema "¿Nos ningunean a los discapacitados el Ayuntamiento de Vila-real?". Lo que cuenta es de una sencillez demoledora: en agosto mandó una carta y un correo electrónico y, según su relato, nadie le ha contestado. Dice estar "superavergonzado" y asegura que no volverá a votar en su vida.
Esa frase debería preocupar más que cualquier titular. Un gobierno que pierde la confianza de un vecino por no contestarle ha fallado en lo más elemental. Contestar un escrito no es un favor. Es una obligación de cualquier administración, y lo es más cuando quien reclama es una persona con discapacidad, a quien la ley reconoce el derecho a la accesibilidad universal.
El vecino lanza además una pregunta incómoda: cómo está el tema de la transparencia. En el vídeo aparece el nombre de Cortells. Según el organigrama municipal, Santi Cortells es concejal delegado de Transparencia, una cartera cuyo cometido es que el ciudadano reciba respuestas y que no tenga que suplicarlas.
El episodio encaja con un patrón que otros ya han señalado. En noviembre de 2025, el Síndic de Greuges recordó al consistorio que debe reservar el 10 % de las plazas de sus ofertas de empleo público para personas con discapacidad. El Síndic concluyó que el Ayuntamiento no había atendido sus recomendaciones. Cuando un órgano de control tiene que insistir y el gobierno local no rectifica, la cuestión deja de ser una anécdota y pasa a ser una actitud. (europa)
La responsabilidad política tiene nombres. El alcalde, José Benlloch, encabeza un equipo de gobierno que presume de ser solidario, inclusivo y de poner a las personas en el centro.
Xus Madrigal, concejal delegado de Comunicación y Deportes, dirige el área que debería garantizar que el Ayuntamiento escuche y responda a su gente. Las palabras bonitas de los folletos valen poco cuando un vecino llega a TikTok porque el registro municipal no le ha devuelto ni un acuse de recibo.
La pregunta no es si el Ayuntamiento tiene buenas intenciones. La pregunta es qué pasó con esa carta y ese correo, quién los recibió y por qué nadie ha dado la cara en dos meses. Vila-real se vende como una ciudad de futuro, pero una ciudad moderna se mide por cómo trata al vecino que pide algo con educación y por escrito.
Exigimos una respuesta pública y personal al vecino, un plazo máximo para contestar a las reclamaciones de accesibilidad y una explicación ante el pleno si el escrito se perdió por el camino. El silencio también es una decisión política.
